EX FUNCIONARIOS NO DAN LA CARA
Sindicatura municipal sigue a la espera de que ex servidores públicos comparezcan
Juan Carlos Domínguez
A Gustavo Lemus Torres, director de Inspección y Verificación en el anterior Ayuntamiento de Tijuana, se le vio de visita, la mañana del 15 de abril, muy desenfadado en el Raquetbol propiedad del ex alcalde Jorge Ramos. A esa misma hora tenía citatorio por parte de la sindicatura de la actual administración municipal. Evidentemente le pasó de noche el requerimiento oficial.
Pero ésa ha sido la tónica de la mayoría de ex funcionarios, pertenecientes al XIX Ayuntamiento, que han sido llamados a comparecer por las actuales autoridades, por presuntos actos de corrupción. Como vulgarmente se dice, se han pasado por el arco del triunfo los requerimientos, y los señalamientos públicos les han hecho lo que el viento a Juárez.
Solamente por el caso de Gustavo Lemus Torres han sido llamados a comparecer cinco ex funcionarios. La mayoría no ha acudido. Quizás algunos han optado por evadir el cara a cara y han dejado una declaración por escrito. Finalmente en unos y otros casos, no han respondido ni dado explicaciones a las irregularidades que se les señalan.
CASO LEMUS
El área de sindicatura, que en el XX Ayuntamiento de Tijuana preside Yolanda Enríquez, partió de la evidencia de un comunicado interno fechado en el mes de marzo de 2010, donde se asentaba que Gustavo Lemus Torres había dejado el cargo de dirección de Inspección y Verificación. Corroboraron la información cuando en la primera semana de abril ya había un encargado de despacho, Mario Bórquez, que incluso sería el mismo que entregaría el área en la etapa de transición de poderes. El mismo cambio de mando fue difundido ampliamente en los medios de comunicación.
No obstante la renuncia al cargo, a Lemus se le siguió pagando como si fuera titular del área hasta el 13 de agosto de 2010, cuando se le debió cancelar el sueldo el 7 de mayo de ese año. Es decir, más tres meses devengando un salario que ya no le correspondía. Amén de percepciones de liquidación y prima de antigüedad, que tampoco le correspondían. Todo por un total de 381 mil 404 pesos, lo que significa una violación al artículo 47 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, y que se refiere a los daños y perjuicios que se causan a la Hacienda Pública estatal o municipal por el uso irregular de recursos económicos o materiales.
Por este asunto, Sindicatura no solamente citó a Gustavo Lemus, sino también a otros funcionarios que obligadamente debieron tener conocimiento de esta situación. Los citatorios se giraron a José Mario Hernández Ramírez, ex jefe de Nóminas; Mario Alberto Martínez Castillo, ex Oficial Mayor; Martha Alicia Fuentes García, ex Tesorera, y Luis Ernesto Cuenca Ruiz, subdirector de Recursos Humanos.
Hicieron caso omiso del llamado: Gustavo Lemus, Martha Alicia Fuentes García y Luis Ernesto Cuenca Ruiz. Se les va a volver a citar, pero además con otros testimonios que se integrarán a sus expedientes.
Acudieron pero sólo para dejar una contestación por escrito: José Mario Hernández Ramírez y Mario Alberto Martínez Castillo. Este último, ex Oficial Mayor, se presentó en Sindicatura un día antes para avisar que no podría acudir a la cita programada para el 13 de abril de 2011. A ambos se les volverá a citar.
Como será el caso también de Arturo Berrelleza Cruz, ex director de Responsabilidades de Sindicatura, a quien se le acusa de varias violaciones a la Ley, y que de igual forma presentó su argumentación por escrito.
EVASIVAS Y ALEGATOS
Entre los funcionarios en la administración de Jorge Ramos que han sido llamados a declarar y que han evitado comparecer de forma personal y han optado por dejar su declaración de forma escrita, está Mario Alberto Martínez Castillo, ex Oficial Mayor.
Se le giró citatorio de Sindicatura Municipal el 30 de marzo de 2011. Se le citaba para el 15 de abril “para en su carácter de PRESUNTO RESPONSABLE de los hechos de materia del presente asunto, comparezca en forma personal en el lugar, día y hora que más adelante se precisarán…”. Se consigna en el documento las irregularidades en las que incurrió en el caso de Gustavo Lemus y que se citan líneas arriba en esta nota, y se le aclara que la audiencia tiene como finalidad el que haga una “Declaración, Ofrecimiento y Desahogo de Pruebas y Alegatos”.
Martínez Castillo hizo llegar su respuesta por escrito, un día antes, por tener que salir de la ciudad el día de la cita, 13 de abril de 2011, según afirmó a ZETA el acusado. En el documento empieza por asentar que los señalamientos que se le hacen son totalmente confusos y genéricos: “No se especifica el hecho de mi conducta que se supone actualiza la contravención a la fracción VIII del artículo 47 de dicha Ley de Responsabilidades”.
Alega que Sindicatura debió precisar qué hechos de su conducta violan la Ley referida. “… cuándo, dónde y cómo la conducta del suscrito configura infracción o incumplimiento a la hipótesis normativa señalada (…) es jurídicamente imposible defenderme ante imputaciones hechas en forma genérica, vaga o imprecisa…”.
Dice que no obstante lo anterior, dará explicaciones respecto a su proceder, asentando que no infringió el artículo de la Ley que se señala. Argumenta que no se les estuvo pagando indebidamente a Gustavo Lemus, toda vez que sí correspondía darle su sueldo hasta el día 16 de agosto de 2010, que es la fecha en que se recibió el aviso de remoción del funcionario por parte de Oficialía Mayor signado por Raúl Corona Sesma en su carácter de Consejero Jurídico del XIX Ayuntamiento. Afirma que la baja a Lemus no se podía dar antes del aviso de remoción o renuncia “ya que de lo contrario, el suscrito puede incurrir en responsabilidad al dar de baja al empleado sin contar con los elementos jurídicos y administrativos para hacerlo”. En pocas palabras Martínez Castillo se lava las manos en tanto no le oficializaron la fecha de la remoción de Lemus.
Respecto a la prima de antigüedad indebidamente pagada al funcionario Lemus, también la sustenta con el artículo 51 de la Ley de Servicio Civil, que señala “15 días de salario por cada año de servicios prestados cuando sean separados del empleo independientemente de la justificación o injustificación de la separación, en caso de retiro voluntario para tener derecho al disfrute de esta prestación deberán tener por lo menos tres años de antigüedad del empleo”. Y ofrece y enumera diferentes probanzas para su caso.
Por último, en su comparecencia escrita, Martínez Castillo se dirige a la Síndica Procuradora del XX Ayuntamiento de Tijuana, Yolanda Enríquez, a la que le pide que esa fiscalía emita una resolución en la cual decrete su no responsabilidad administrativa, pues considera que aportó las pruebas suficientes que demuestran que no incurrió en falta administrativa alguna.
NO TIENEN DISCULPA
Al igual que con los ex funcionarios que no acudieron, los que comparecieron por la vía escrita serán vueltos a citar. Si bien estas declaraciones en documento tienen validez, en la consideración de la Síndica Procuradora, Yolanda Enríquez, los ex funcionarios denunciados no están respondiendo a lo que se les pregunta: “En ese escrito no dice nada para defenderse del dicho”.
Respecto a la argumentación del ex Oficial Mayor, Mario Alberto Martínez, respecto a que no se le especifica su falta y que por lo tanto no sabe ni cómo defenderse, la funcionaria municipal esgrime: “Lo que le estamos diciendo es que como Oficial Mayor tenía conocimiento, estamos hablando de un director (Gustavo Lemus) que sigue cobrando; no estamos hablando de un empleado de tercer o cuarto nivel, que son tantísimos y sí es difícil comprobar; pero cuando estás hablando de nombres de directores, ¡claro que sí!, eso es la presunción de su conocimiento del hecho. Además de no decir nada, de aceptarlo, pues”.
El ex Oficial Mayor argumenta que el oficio de remoción de Gustavo Lemus le llegó hasta el 13 de mayo de 2010, y por eso el pago de sueldo hasta esa fecha. Que no se enteró antes. Ante ello la Síndica también se muestra escéptica: “Nosotros tenemos las evidencias que ellos tenían conocimiento, que firmaron documentos, entonces por eso están involucrados, porque de alguna manera todos ellos, tenemos evidencias de documentos con su firma, sabían del estatus de este director que ganaba como director mas no trabajaba como director; ahí había encargado de despacho haciendo ese trabajo”.
Entonces para Sindicatura no hay excusa alguna en todo este embrollo: “¡Qué explicación nos van a dar! De que un personaje que fungió como director renuncia públicamente y siga cobrando, ¿qué justificación le pueden dar a usted y a mí como ciudadanos? ¡Yo no veo ninguna, caray!”.
“Sí estamos hablando de otro nivel, a lo mejor el nombre no te suena, pero después del escándalo y que todavía siga ahí… Hay una cadena de mando, el Oficial Mayor, el Jefe de Recursos Humanos; ellos son los que están viendo los pasos, alguien los ve, ¡claro que lo ven!”.
Así las cosas, con las evasivas de los ex funcionarios requeridos y los requerimientos en puerta, se vislumbra un proceso largo para ver un desenlace en cuanto a los ex servidores públicos señalados. Cuando llegue el momento de emitir resolutivos, hasta entonces se impondrán sanciones administrativas a los funcionarios que resulten culpables. Mientras tanto la Ley les faculta a los presuntos funcionarios corruptos la oportunidad de defenderse, y de ahí la tardanza que pueden tener estos casos.
De comprobarse culpabilidades, los ex servidores públicos pueden tener sanciones administrativas que van desde una amonestación privada o pública, hasta inhabilitaciones, o incluso se les puede pedir a los ex funcionarios que regresen los recursos. “Al señor se le pagaron 400 mil pesos que no devengó en ese tiempo”; expresa Enríquez en referencia a Gustavo Lemus.
250 DECLARACIONES PATRIMONIALES PENDIENTES
En el caso de Gustavo Lemus, aparte de la falta de estar cobrando sueldo sin trabajar, otro daño a la administración pública que se le imputa es el de no realizar su declaración patrimonial, para lo cual la Ley de Responsabilidades también establece sanciones administrativas, incluyendo la inhabilitación en casos de reincidentes, o sólo una amonestación para los que por primera vez son servidores públicos.
La Síndica Procuradora ahora les está exigiendo la Declaración Patrimonial a todos “porque es un elemento de prueba para nosotros, por si hay otro tipo de investigación lo primero que podemos hacer es revisar sus declaraciones patrimoniales. Por ejemplo, en el caso del señor Gustavo Lemus, no hay ninguna declaración patrimonial, ni de inicio ni de conclusión, es otra de las faltas”.
— ¿En otros casos les está pidiendo la Declaración Patrimonial nomás porque no la presentaron o porque hay sospechas?
“La Ley de Responsabilidades nos marca que debemos sancionar a todos. Esta primera parte es un listado general de las personas que no cumplen, que fueron alrededor de 250, de la administración pasada y que no hicieron declaración de conclusión”.
De las 250 Declaraciones Patrimoniales exigidas, 100 corresponden a promotoras sociales, para lo cual la Síndico Procuradora ha aplicado el criterio de dejarlas para después, por lo pronto, considerando que tales empleadas no tienen grandes bienes que declarar. “No quiere decir que las estoy dejando fuera del cumplimiento de la Ley, pero estamos empezando con el resto, 150. Delegados, subdelegados, directores, subdirectores… Porque ésos sí sabían”, aclara.
—Entonces ¿será un proceso largo?
“Nos lo pide la Ley de Responsabilidades, en un principio yo decía que esto puede ser no muy grave, pero aquí la gente me dice ‘no es lo que usted diga’, la Ley me pide que debemos sancionarlo, porque no tenemos que acostumbrar a cumplir. Ya sabemos todos los que vinimos a trabajar al Gobierno que hay responsabilidades inherentes a este trabajo. Así como le estamos pidiendo cuentas a ellos, nos queda claro que nos las van a pedir a nosotros”.
En lo que respecta a la actual Sindicatura, promete cumplir con lo suyo, sin más: “Tenemos muchos otros casos pero que no los estamos dando a conocer hasta que tenemos las pruebas. Pero la presunción de muchas responsabilidades sí las tenemos. “Son muchos, muchos casos, de todo tipo”.
SERÁN CITADOS
Ex servidores públicos que en los próximos días serán llamados a declarar por no haber presentado Declaración Patrimonial:
1-José de Jesús Franco Cazares, ex Delegado de Centenario.
2-Sergio Carlos Soto Cisneros, ex Subdirector de Planeación y Vialidad.
3-Víctor Lozano Álvarez Pizano, ex Director de Normatividad de Sindicatura.
4-Aidé García Becerra, ex Subdirectora Administrativa de Control Vehicular.
5-Pilar Ortiz Guadarrama, ex Coordinadora de Programas Sociales.
6-Ana Isabel Piñero García, ex Coordinadora de Programas Sociales.
7-Ema Ofelia Pineda Ofelia, ex Subdelegada de Salvatierra.
Y un caso que a la Síndico le provoca risas pero con ganas es el de Marina Galindres Jiménez, “¡no me lo va a creer!”, expresa a ZETA, “¿sabe cuál era su trabajo?…. ¡Ser Jefe de Situación Patrimonial!… No la presentó, y era su chamba”.
Juan Carlos Domínguez
A Gustavo Lemus Torres, director de Inspección y Verificación en el anterior Ayuntamiento de Tijuana, se le vio de visita, la mañana del 15 de abril, muy desenfadado en el Raquetbol propiedad del ex alcalde Jorge Ramos. A esa misma hora tenía citatorio por parte de la sindicatura de la actual administración municipal. Evidentemente le pasó de noche el requerimiento oficial.
Pero ésa ha sido la tónica de la mayoría de ex funcionarios, pertenecientes al XIX Ayuntamiento, que han sido llamados a comparecer por las actuales autoridades, por presuntos actos de corrupción. Como vulgarmente se dice, se han pasado por el arco del triunfo los requerimientos, y los señalamientos públicos les han hecho lo que el viento a Juárez.
Solamente por el caso de Gustavo Lemus Torres han sido llamados a comparecer cinco ex funcionarios. La mayoría no ha acudido. Quizás algunos han optado por evadir el cara a cara y han dejado una declaración por escrito. Finalmente en unos y otros casos, no han respondido ni dado explicaciones a las irregularidades que se les señalan.
CASO LEMUS
El área de sindicatura, que en el XX Ayuntamiento de Tijuana preside Yolanda Enríquez, partió de la evidencia de un comunicado interno fechado en el mes de marzo de 2010, donde se asentaba que Gustavo Lemus Torres había dejado el cargo de dirección de Inspección y Verificación. Corroboraron la información cuando en la primera semana de abril ya había un encargado de despacho, Mario Bórquez, que incluso sería el mismo que entregaría el área en la etapa de transición de poderes. El mismo cambio de mando fue difundido ampliamente en los medios de comunicación.
No obstante la renuncia al cargo, a Lemus se le siguió pagando como si fuera titular del área hasta el 13 de agosto de 2010, cuando se le debió cancelar el sueldo el 7 de mayo de ese año. Es decir, más tres meses devengando un salario que ya no le correspondía. Amén de percepciones de liquidación y prima de antigüedad, que tampoco le correspondían. Todo por un total de 381 mil 404 pesos, lo que significa una violación al artículo 47 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, y que se refiere a los daños y perjuicios que se causan a la Hacienda Pública estatal o municipal por el uso irregular de recursos económicos o materiales.
Por este asunto, Sindicatura no solamente citó a Gustavo Lemus, sino también a otros funcionarios que obligadamente debieron tener conocimiento de esta situación. Los citatorios se giraron a José Mario Hernández Ramírez, ex jefe de Nóminas; Mario Alberto Martínez Castillo, ex Oficial Mayor; Martha Alicia Fuentes García, ex Tesorera, y Luis Ernesto Cuenca Ruiz, subdirector de Recursos Humanos.
Hicieron caso omiso del llamado: Gustavo Lemus, Martha Alicia Fuentes García y Luis Ernesto Cuenca Ruiz. Se les va a volver a citar, pero además con otros testimonios que se integrarán a sus expedientes.
Acudieron pero sólo para dejar una contestación por escrito: José Mario Hernández Ramírez y Mario Alberto Martínez Castillo. Este último, ex Oficial Mayor, se presentó en Sindicatura un día antes para avisar que no podría acudir a la cita programada para el 13 de abril de 2011. A ambos se les volverá a citar.
Como será el caso también de Arturo Berrelleza Cruz, ex director de Responsabilidades de Sindicatura, a quien se le acusa de varias violaciones a la Ley, y que de igual forma presentó su argumentación por escrito.
EVASIVAS Y ALEGATOS
Entre los funcionarios en la administración de Jorge Ramos que han sido llamados a declarar y que han evitado comparecer de forma personal y han optado por dejar su declaración de forma escrita, está Mario Alberto Martínez Castillo, ex Oficial Mayor.
Se le giró citatorio de Sindicatura Municipal el 30 de marzo de 2011. Se le citaba para el 15 de abril “para en su carácter de PRESUNTO RESPONSABLE de los hechos de materia del presente asunto, comparezca en forma personal en el lugar, día y hora que más adelante se precisarán…”. Se consigna en el documento las irregularidades en las que incurrió en el caso de Gustavo Lemus y que se citan líneas arriba en esta nota, y se le aclara que la audiencia tiene como finalidad el que haga una “Declaración, Ofrecimiento y Desahogo de Pruebas y Alegatos”.
Martínez Castillo hizo llegar su respuesta por escrito, un día antes, por tener que salir de la ciudad el día de la cita, 13 de abril de 2011, según afirmó a ZETA el acusado. En el documento empieza por asentar que los señalamientos que se le hacen son totalmente confusos y genéricos: “No se especifica el hecho de mi conducta que se supone actualiza la contravención a la fracción VIII del artículo 47 de dicha Ley de Responsabilidades”.
Alega que Sindicatura debió precisar qué hechos de su conducta violan la Ley referida. “… cuándo, dónde y cómo la conducta del suscrito configura infracción o incumplimiento a la hipótesis normativa señalada (…) es jurídicamente imposible defenderme ante imputaciones hechas en forma genérica, vaga o imprecisa…”.
Dice que no obstante lo anterior, dará explicaciones respecto a su proceder, asentando que no infringió el artículo de la Ley que se señala. Argumenta que no se les estuvo pagando indebidamente a Gustavo Lemus, toda vez que sí correspondía darle su sueldo hasta el día 16 de agosto de 2010, que es la fecha en que se recibió el aviso de remoción del funcionario por parte de Oficialía Mayor signado por Raúl Corona Sesma en su carácter de Consejero Jurídico del XIX Ayuntamiento. Afirma que la baja a Lemus no se podía dar antes del aviso de remoción o renuncia “ya que de lo contrario, el suscrito puede incurrir en responsabilidad al dar de baja al empleado sin contar con los elementos jurídicos y administrativos para hacerlo”. En pocas palabras Martínez Castillo se lava las manos en tanto no le oficializaron la fecha de la remoción de Lemus.
Respecto a la prima de antigüedad indebidamente pagada al funcionario Lemus, también la sustenta con el artículo 51 de la Ley de Servicio Civil, que señala “15 días de salario por cada año de servicios prestados cuando sean separados del empleo independientemente de la justificación o injustificación de la separación, en caso de retiro voluntario para tener derecho al disfrute de esta prestación deberán tener por lo menos tres años de antigüedad del empleo”. Y ofrece y enumera diferentes probanzas para su caso.
Por último, en su comparecencia escrita, Martínez Castillo se dirige a la Síndica Procuradora del XX Ayuntamiento de Tijuana, Yolanda Enríquez, a la que le pide que esa fiscalía emita una resolución en la cual decrete su no responsabilidad administrativa, pues considera que aportó las pruebas suficientes que demuestran que no incurrió en falta administrativa alguna.
NO TIENEN DISCULPA
Al igual que con los ex funcionarios que no acudieron, los que comparecieron por la vía escrita serán vueltos a citar. Si bien estas declaraciones en documento tienen validez, en la consideración de la Síndica Procuradora, Yolanda Enríquez, los ex funcionarios denunciados no están respondiendo a lo que se les pregunta: “En ese escrito no dice nada para defenderse del dicho”.
Respecto a la argumentación del ex Oficial Mayor, Mario Alberto Martínez, respecto a que no se le especifica su falta y que por lo tanto no sabe ni cómo defenderse, la funcionaria municipal esgrime: “Lo que le estamos diciendo es que como Oficial Mayor tenía conocimiento, estamos hablando de un director (Gustavo Lemus) que sigue cobrando; no estamos hablando de un empleado de tercer o cuarto nivel, que son tantísimos y sí es difícil comprobar; pero cuando estás hablando de nombres de directores, ¡claro que sí!, eso es la presunción de su conocimiento del hecho. Además de no decir nada, de aceptarlo, pues”.
El ex Oficial Mayor argumenta que el oficio de remoción de Gustavo Lemus le llegó hasta el 13 de mayo de 2010, y por eso el pago de sueldo hasta esa fecha. Que no se enteró antes. Ante ello la Síndica también se muestra escéptica: “Nosotros tenemos las evidencias que ellos tenían conocimiento, que firmaron documentos, entonces por eso están involucrados, porque de alguna manera todos ellos, tenemos evidencias de documentos con su firma, sabían del estatus de este director que ganaba como director mas no trabajaba como director; ahí había encargado de despacho haciendo ese trabajo”.
Entonces para Sindicatura no hay excusa alguna en todo este embrollo: “¡Qué explicación nos van a dar! De que un personaje que fungió como director renuncia públicamente y siga cobrando, ¿qué justificación le pueden dar a usted y a mí como ciudadanos? ¡Yo no veo ninguna, caray!”.
“Sí estamos hablando de otro nivel, a lo mejor el nombre no te suena, pero después del escándalo y que todavía siga ahí… Hay una cadena de mando, el Oficial Mayor, el Jefe de Recursos Humanos; ellos son los que están viendo los pasos, alguien los ve, ¡claro que lo ven!”.
Así las cosas, con las evasivas de los ex funcionarios requeridos y los requerimientos en puerta, se vislumbra un proceso largo para ver un desenlace en cuanto a los ex servidores públicos señalados. Cuando llegue el momento de emitir resolutivos, hasta entonces se impondrán sanciones administrativas a los funcionarios que resulten culpables. Mientras tanto la Ley les faculta a los presuntos funcionarios corruptos la oportunidad de defenderse, y de ahí la tardanza que pueden tener estos casos.
De comprobarse culpabilidades, los ex servidores públicos pueden tener sanciones administrativas que van desde una amonestación privada o pública, hasta inhabilitaciones, o incluso se les puede pedir a los ex funcionarios que regresen los recursos. “Al señor se le pagaron 400 mil pesos que no devengó en ese tiempo”; expresa Enríquez en referencia a Gustavo Lemus.
250 DECLARACIONES PATRIMONIALES PENDIENTES
En el caso de Gustavo Lemus, aparte de la falta de estar cobrando sueldo sin trabajar, otro daño a la administración pública que se le imputa es el de no realizar su declaración patrimonial, para lo cual la Ley de Responsabilidades también establece sanciones administrativas, incluyendo la inhabilitación en casos de reincidentes, o sólo una amonestación para los que por primera vez son servidores públicos.
La Síndica Procuradora ahora les está exigiendo la Declaración Patrimonial a todos “porque es un elemento de prueba para nosotros, por si hay otro tipo de investigación lo primero que podemos hacer es revisar sus declaraciones patrimoniales. Por ejemplo, en el caso del señor Gustavo Lemus, no hay ninguna declaración patrimonial, ni de inicio ni de conclusión, es otra de las faltas”.
— ¿En otros casos les está pidiendo la Declaración Patrimonial nomás porque no la presentaron o porque hay sospechas?
“La Ley de Responsabilidades nos marca que debemos sancionar a todos. Esta primera parte es un listado general de las personas que no cumplen, que fueron alrededor de 250, de la administración pasada y que no hicieron declaración de conclusión”.
De las 250 Declaraciones Patrimoniales exigidas, 100 corresponden a promotoras sociales, para lo cual la Síndico Procuradora ha aplicado el criterio de dejarlas para después, por lo pronto, considerando que tales empleadas no tienen grandes bienes que declarar. “No quiere decir que las estoy dejando fuera del cumplimiento de la Ley, pero estamos empezando con el resto, 150. Delegados, subdelegados, directores, subdirectores… Porque ésos sí sabían”, aclara.
—Entonces ¿será un proceso largo?
“Nos lo pide la Ley de Responsabilidades, en un principio yo decía que esto puede ser no muy grave, pero aquí la gente me dice ‘no es lo que usted diga’, la Ley me pide que debemos sancionarlo, porque no tenemos que acostumbrar a cumplir. Ya sabemos todos los que vinimos a trabajar al Gobierno que hay responsabilidades inherentes a este trabajo. Así como le estamos pidiendo cuentas a ellos, nos queda claro que nos las van a pedir a nosotros”.
En lo que respecta a la actual Sindicatura, promete cumplir con lo suyo, sin más: “Tenemos muchos otros casos pero que no los estamos dando a conocer hasta que tenemos las pruebas. Pero la presunción de muchas responsabilidades sí las tenemos. “Son muchos, muchos casos, de todo tipo”.
SERÁN CITADOS
Ex servidores públicos que en los próximos días serán llamados a declarar por no haber presentado Declaración Patrimonial:
1-José de Jesús Franco Cazares, ex Delegado de Centenario.
2-Sergio Carlos Soto Cisneros, ex Subdirector de Planeación y Vialidad.
3-Víctor Lozano Álvarez Pizano, ex Director de Normatividad de Sindicatura.
4-Aidé García Becerra, ex Subdirectora Administrativa de Control Vehicular.
5-Pilar Ortiz Guadarrama, ex Coordinadora de Programas Sociales.
6-Ana Isabel Piñero García, ex Coordinadora de Programas Sociales.
7-Ema Ofelia Pineda Ofelia, ex Subdelegada de Salvatierra.
Y un caso que a la Síndico le provoca risas pero con ganas es el de Marina Galindres Jiménez, “¡no me lo va a creer!”, expresa a ZETA, “¿sabe cuál era su trabajo?…. ¡Ser Jefe de Situación Patrimonial!… No la presentó, y era su chamba”.
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