ELECCIONES EN BAJA CALIFORNIA SUR:
EL HARTAZGO TOTAL
Les urge a los ciudadanos que el PRD se vaya ya. No obstante permea el abstencionismo, la indiferencia y la indecisión de votar por el candidato del PAN (ex perredista afín al gobernador) o el abanderado del PRI (el partido de los viejos vicios).
Como ocurrió en Baja California después de 20 años de hegemonía panista, sucede hoy con los sudcalifornianos; pero a ellos con el PRD, y después de dos sexenios. Los alcanzó el hartazgo. Principalmente a los oriundos, que han visto a su entidad saqueada, devastada, mancillada y secuestrada. “Lo único bueno de estas administraciones es que ya se van a acabar”, expresa un líder civil de la capital de estado.
Las calles del malecón de La Paz –la capital– destruidas, Loreto en tinieblas y abandonado, Los Cabos con grandes cinturones de miseria y delincuentes en su zona centro, Ciudad Constitución y Comondú como trincheras del narco. De punta a punta Baja California Sur, convertida en botín particular de los gobiernos perredistas de Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez, ya “no halla la puerta” por ser liberada, aunque con ello deba recurrir al PRI o al PAN, en la añoranza de recuperar en algo lo que las últimas administraciones les arrebataron. Y en alejar los males que ahora la aquejan.
“Ya es preferible que gane el PRI. Igual roban pero reparten”; externa “El Chino”, un mecánico, de toda la vida en La Paz, que ha visto cómo la bonanza de la ciudad se ha venido abajo. La avenida principal, la del malecón de la capital del estado, está llena de hoyos; y por la noche, abundan las lámparas sin luz. “Pues no deberían estar así”, refiere Alberto Lizárraga, paceño de treinta y tantos años. “La gente está decepcionada”, remata.
Lo anterior son sólo síntomas superficiales del cáncer enquistado en el estado. Del nepotismo, corrupción y la depredación contra las propiedades públicas de los sudcalifornianos. Así lo resume la agrupación civil “¡Ya basta!”, que encabeza el abogado Valentín Castro Burgoin. Y ejemplifica sólo con un caso: La venta de El Mogote, emblemática playa de 400 hectáreas que Leonel Cota, primer gobernador perredista, vendió a un particular a razón de un peso por metro cuadrado. Y así se suman cientos y cientos de transacciones oscuras y sospechosas. La Baja Sur vendida al mejor postor. “Es como si de repente tu gobernador vendiera La Rumorosa”, le infiere Castro al reportero de ZETA.
Otro resentimiento contra los gobiernos de Cota y Agúndez, primos por cierto, es su política de puertas abiertas para la inversión extranjera y los grandes consorcios nacionales, en detrimento de los empresarios locales, a los que los gobiernos del PRI no descuidaban. Aunque igual muchos de ellos han mantenido una complicidad con el gobierno, o cuando mucho una política por demás discrecional: “La compras que hace el gobierno impactan mucho, entonces un empresario que no le venda al gobierno, difícilmente se desarrolla; por eso tienen miedo de hablar, por eso se aguantan”. Hasta ahora, cuando ya es evidente la debacle del PRD, y cuando el gobierno saliente enfrenta grandes deudas con proveedores y constructores, algunos empresarios ya empiezan a decir “esta boca es mía”.
“La verdad que en estos 12 años de gobiernos perredistas hemos visto crisis política, crisis social, y problemas graves de inseguridad. Antes La Paz era la paz”, dice el líder de “!Ya basta!”. Eso, la inseguridad, quizás sea el problema más grave que los sudcalifornianos le achacan a sus gobernantes, y la gota que ha colmado el vaso: “Una justicia doblegada, una impartición de justicia muy orientada a componendas; los cuerpos policíacos muy señalados por complicidades con los grupos delincuenciales; narcomenudeo, narcoejecuciones, como nunca había habido en la historia de Baja California Sur”.
En ese tenor, en la capital del estado, se conformó el Consejo Ciudadano para Atención a Víctimas del Delito. Como apunte relevante, hay que decir que organismos como éstos en Baja California, Nuevo León, Chihuahua u otras entidades del país se piensan como agrupaciones orientadas al esclarecimiento o procuración de justicia en temas como secuestros o ejecuciones, en Baja California Sur se ha creado para asesorar a la gran cantidad de víctimas por delitos del fuero común o en materia civil, mismos que después de ser robados o agredidos por un tercero, también terminan victimizados por las instancias gubernamentales de justicia, sea por ineficiencia, burocracia engorrosa o mera corrupción.
Los delitos recurrentes en Baja California Sur son la violencia intrafamiliar y la agresión sexual. Y tratándose de un delito de más fuerte impacto, colectivamente hablando, es el de tenencia y despojo de la tierra. Un fenómeno que ha rebasado toda proporción y auspiciado por los mismos gobiernos de Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez. En la entidad, como en ninguna otra parte en el país, las invasiones cumplen toda una estructuración y logística implementada desde el mismo gobierno, con gente como Alejandro Moreno Berry, Luis Armando Díaz (ahora aspirante a gobernador); y los mismos mandatarios estatales. Ha sido el gran negocio para los funcionarios de todos los niveles, al igual que el mejor germen de electores, “villas miseria” que han derivado en miles de votos y triunfos proselitistas para los gobiernos perredistas. Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano para Víctimas del Delito platica sobre el grado perfeccionamiento que han adquirido el acaparamiento irregular de tierras: “Se traen invasores profesionales de Nayarit, Sinaloa o Guerrero, llegan a las 2 de la mañana, y a las 9 de la mañana que llega el Ministerio Público ya hay 300 ó 500 casas, con nomenclaturas y calles ya trazadas”.
El primer gran invasor ha sido el gobierno: “Un día detienen al invasor Mario Cabello, en Las Lagunitas. Lo meten a la cárcel, piden un millón 130 mil pesos de fianza; Luis Armando Díaz lo saca de la cárcel con 5 mil pesos, eso en un viernes, para el domingo Cabello ya está organizando un primer mitin para el PRD”.
La ineptitud y lo engorroso de una denuncia ante el Ministerio Público, donde el ciudadano tiene que esperar hasta 8 horas para ser atendido, así como del despotismo del que son víctimas; son otros de los lastres que sufre el sudcaliforniano.
Pero no solamente los ciudadanos comunes y corrientes lloran las de San Pedro con el gobierno que les ha tocado padecer en los últimos dos sexenios. También a los ricos y empresarios de la Sudcalifornia les ha tocado sufrir la desgracia que le han traído sus dos gobernadores perredistas. En mayo de 2008 empezaron los secuestros en ciudades como La Paz y Los Cabos; para octubre del mismo año la situación ya era insostenible. Un viernes los principales hombres de negocios de Baja California Sur publicaron un desplegado de una plana en los principales periódicos locales, le ponían un ultimátum al gobernador Narciso Agúndez para que frenara la violencia y los secuestros; igual lo convocaron para una reunión personal con él para el siguiente lunes a las 11 de la mañana. Y, ¡oh milagro!, Agúndez les llegó con la sorpresa de que ya había atrapado a la banda de secuestradores que los tenía azorados. Resulta que en la supuesta “banda” –se evidenció mucho tiempo después– estaban incluidos un simple robacarros, unos ex militares escoltas del alcalde de Los Cabos, y hasta un vendedor de mariscos que a lo más que llegaba era a comprar caguamas ilegalmente. Luego entonces, la fabricación de delincuentes es otro de los señalamientos por los que se culpa al gobierno sudcaliforniano.
“No, el PRD ya no gana”, considera don Jesús Mayoral “El Güero”, líder de una colonia del distrito 4, el más grande de la capital La Paz. “Ahora sí, el PRI ha levantado”, refiere “El Güero”, ciudadano nato, como pocos ya, de la Baja Sur. De la tercera opción, dice elocuente: “El PAN tampoco ha levantado, son los mismos, los del PRD”.
Mientras tanto en las calles sudcalifornianas, en contraste con el hartazgo –mostrado abierta o soterradamente por muchos– también está la indiferencia de la gente. Contra eso se enfrentan, indistintamente, los candidatos de todos los partidos. No obstante, los más afanados, son los del partido en el poder, que sienten “que se les va…”, como Noé de la Rosa, candidato a diputado por la coalición PRD-PT en el distrito V, que en las mañanas despierta a los paceños –que de por sí les gusta dormir hasta tarde– y los hostiga con altavoz y música incitándolos al voto con cánticos casi litúrgicos: “… yo tengo fe… que todo cambiará…, yo tengo fe... porque yo creo en Dios…”; “Te están dictando lo que debes hacer..., me remontan como a la época nazi”, resume el Beto, fotógrafo paceño, ciudadano de a pie, y una víctima más.
(Juan Carlos Domínguez)
EL HARTAZGO TOTAL
Les urge a los ciudadanos que el PRD se vaya ya. No obstante permea el abstencionismo, la indiferencia y la indecisión de votar por el candidato del PAN (ex perredista afín al gobernador) o el abanderado del PRI (el partido de los viejos vicios).
Como ocurrió en Baja California después de 20 años de hegemonía panista, sucede hoy con los sudcalifornianos; pero a ellos con el PRD, y después de dos sexenios. Los alcanzó el hartazgo. Principalmente a los oriundos, que han visto a su entidad saqueada, devastada, mancillada y secuestrada. “Lo único bueno de estas administraciones es que ya se van a acabar”, expresa un líder civil de la capital de estado.
Las calles del malecón de La Paz –la capital– destruidas, Loreto en tinieblas y abandonado, Los Cabos con grandes cinturones de miseria y delincuentes en su zona centro, Ciudad Constitución y Comondú como trincheras del narco. De punta a punta Baja California Sur, convertida en botín particular de los gobiernos perredistas de Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez, ya “no halla la puerta” por ser liberada, aunque con ello deba recurrir al PRI o al PAN, en la añoranza de recuperar en algo lo que las últimas administraciones les arrebataron. Y en alejar los males que ahora la aquejan.
“Ya es preferible que gane el PRI. Igual roban pero reparten”; externa “El Chino”, un mecánico, de toda la vida en La Paz, que ha visto cómo la bonanza de la ciudad se ha venido abajo. La avenida principal, la del malecón de la capital del estado, está llena de hoyos; y por la noche, abundan las lámparas sin luz. “Pues no deberían estar así”, refiere Alberto Lizárraga, paceño de treinta y tantos años. “La gente está decepcionada”, remata.
Lo anterior son sólo síntomas superficiales del cáncer enquistado en el estado. Del nepotismo, corrupción y la depredación contra las propiedades públicas de los sudcalifornianos. Así lo resume la agrupación civil “¡Ya basta!”, que encabeza el abogado Valentín Castro Burgoin. Y ejemplifica sólo con un caso: La venta de El Mogote, emblemática playa de 400 hectáreas que Leonel Cota, primer gobernador perredista, vendió a un particular a razón de un peso por metro cuadrado. Y así se suman cientos y cientos de transacciones oscuras y sospechosas. La Baja Sur vendida al mejor postor. “Es como si de repente tu gobernador vendiera La Rumorosa”, le infiere Castro al reportero de ZETA.
Otro resentimiento contra los gobiernos de Cota y Agúndez, primos por cierto, es su política de puertas abiertas para la inversión extranjera y los grandes consorcios nacionales, en detrimento de los empresarios locales, a los que los gobiernos del PRI no descuidaban. Aunque igual muchos de ellos han mantenido una complicidad con el gobierno, o cuando mucho una política por demás discrecional: “La compras que hace el gobierno impactan mucho, entonces un empresario que no le venda al gobierno, difícilmente se desarrolla; por eso tienen miedo de hablar, por eso se aguantan”. Hasta ahora, cuando ya es evidente la debacle del PRD, y cuando el gobierno saliente enfrenta grandes deudas con proveedores y constructores, algunos empresarios ya empiezan a decir “esta boca es mía”.
“La verdad que en estos 12 años de gobiernos perredistas hemos visto crisis política, crisis social, y problemas graves de inseguridad. Antes La Paz era la paz”, dice el líder de “!Ya basta!”. Eso, la inseguridad, quizás sea el problema más grave que los sudcalifornianos le achacan a sus gobernantes, y la gota que ha colmado el vaso: “Una justicia doblegada, una impartición de justicia muy orientada a componendas; los cuerpos policíacos muy señalados por complicidades con los grupos delincuenciales; narcomenudeo, narcoejecuciones, como nunca había habido en la historia de Baja California Sur”.
En ese tenor, en la capital del estado, se conformó el Consejo Ciudadano para Atención a Víctimas del Delito. Como apunte relevante, hay que decir que organismos como éstos en Baja California, Nuevo León, Chihuahua u otras entidades del país se piensan como agrupaciones orientadas al esclarecimiento o procuración de justicia en temas como secuestros o ejecuciones, en Baja California Sur se ha creado para asesorar a la gran cantidad de víctimas por delitos del fuero común o en materia civil, mismos que después de ser robados o agredidos por un tercero, también terminan victimizados por las instancias gubernamentales de justicia, sea por ineficiencia, burocracia engorrosa o mera corrupción.
Los delitos recurrentes en Baja California Sur son la violencia intrafamiliar y la agresión sexual. Y tratándose de un delito de más fuerte impacto, colectivamente hablando, es el de tenencia y despojo de la tierra. Un fenómeno que ha rebasado toda proporción y auspiciado por los mismos gobiernos de Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez. En la entidad, como en ninguna otra parte en el país, las invasiones cumplen toda una estructuración y logística implementada desde el mismo gobierno, con gente como Alejandro Moreno Berry, Luis Armando Díaz (ahora aspirante a gobernador); y los mismos mandatarios estatales. Ha sido el gran negocio para los funcionarios de todos los niveles, al igual que el mejor germen de electores, “villas miseria” que han derivado en miles de votos y triunfos proselitistas para los gobiernos perredistas. Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano para Víctimas del Delito platica sobre el grado perfeccionamiento que han adquirido el acaparamiento irregular de tierras: “Se traen invasores profesionales de Nayarit, Sinaloa o Guerrero, llegan a las 2 de la mañana, y a las 9 de la mañana que llega el Ministerio Público ya hay 300 ó 500 casas, con nomenclaturas y calles ya trazadas”.
El primer gran invasor ha sido el gobierno: “Un día detienen al invasor Mario Cabello, en Las Lagunitas. Lo meten a la cárcel, piden un millón 130 mil pesos de fianza; Luis Armando Díaz lo saca de la cárcel con 5 mil pesos, eso en un viernes, para el domingo Cabello ya está organizando un primer mitin para el PRD”.
La ineptitud y lo engorroso de una denuncia ante el Ministerio Público, donde el ciudadano tiene que esperar hasta 8 horas para ser atendido, así como del despotismo del que son víctimas; son otros de los lastres que sufre el sudcaliforniano.
Pero no solamente los ciudadanos comunes y corrientes lloran las de San Pedro con el gobierno que les ha tocado padecer en los últimos dos sexenios. También a los ricos y empresarios de la Sudcalifornia les ha tocado sufrir la desgracia que le han traído sus dos gobernadores perredistas. En mayo de 2008 empezaron los secuestros en ciudades como La Paz y Los Cabos; para octubre del mismo año la situación ya era insostenible. Un viernes los principales hombres de negocios de Baja California Sur publicaron un desplegado de una plana en los principales periódicos locales, le ponían un ultimátum al gobernador Narciso Agúndez para que frenara la violencia y los secuestros; igual lo convocaron para una reunión personal con él para el siguiente lunes a las 11 de la mañana. Y, ¡oh milagro!, Agúndez les llegó con la sorpresa de que ya había atrapado a la banda de secuestradores que los tenía azorados. Resulta que en la supuesta “banda” –se evidenció mucho tiempo después– estaban incluidos un simple robacarros, unos ex militares escoltas del alcalde de Los Cabos, y hasta un vendedor de mariscos que a lo más que llegaba era a comprar caguamas ilegalmente. Luego entonces, la fabricación de delincuentes es otro de los señalamientos por los que se culpa al gobierno sudcaliforniano.
“No, el PRD ya no gana”, considera don Jesús Mayoral “El Güero”, líder de una colonia del distrito 4, el más grande de la capital La Paz. “Ahora sí, el PRI ha levantado”, refiere “El Güero”, ciudadano nato, como pocos ya, de la Baja Sur. De la tercera opción, dice elocuente: “El PAN tampoco ha levantado, son los mismos, los del PRD”.
Mientras tanto en las calles sudcalifornianas, en contraste con el hartazgo –mostrado abierta o soterradamente por muchos– también está la indiferencia de la gente. Contra eso se enfrentan, indistintamente, los candidatos de todos los partidos. No obstante, los más afanados, son los del partido en el poder, que sienten “que se les va…”, como Noé de la Rosa, candidato a diputado por la coalición PRD-PT en el distrito V, que en las mañanas despierta a los paceños –que de por sí les gusta dormir hasta tarde– y los hostiga con altavoz y música incitándolos al voto con cánticos casi litúrgicos: “… yo tengo fe… que todo cambiará…, yo tengo fe... porque yo creo en Dios…”; “Te están dictando lo que debes hacer..., me remontan como a la época nazi”, resume el Beto, fotógrafo paceño, ciudadano de a pie, y una víctima más.
(Juan Carlos Domínguez)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario