2.5.11



REFORMA "A MODO"


Ni segunda vuelta, ni reducción de diputados, ni revocación. Al gusto de la clase política


Juan Carlos Domínguez

Casi un año y medio duró en la congeladora el famoso “Decálogo” de Felipe Calderón. La ya de por sí sesgada propuesta de Reforma Política del Presidente, ahora que el Senado estuvo de buenas para retomarla, no lo hace sin antes aplicarle también algunos recortes “finos”, a su conveniencia.

Sólo la mitad de los diez puntos que proponía el Jefe del Ejecutivo se recuperan en el dictamen aprobado por los Senadores: La reelección de diputados y senadores, las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, la iniciativa preferente para el Presidente, y la reconducción presupuestal.

Se rechazaron categóricamente, o simplemente ignoraron las propuestas de Calderón para la reelección de presidentes municipales, la reducción en el número de Diputados y Senadores, así como la más incómoda de las iniciativas, la de la segunda vuelta en la elección presidencial.

Y resalta la incorporación de tres propuestas que no estaban en la reforma calderonista, todas presentadas por el PRI: La consulta popular, la ratificación de cargos por parte del Senado, y motivos y métodos que se usarían para sustituir al Presidente.

Aunque la Reforma se presente con el tamiz de ser la gran panacea, la realidad es que otorga plausibles pero mínimas prerrogativas a los ciudadanos, mantiene los cotos suficientes para el blindaje de la clase política y la partidocracia, además que evidencia el largo y sinuoso camino que aún habrá de seguir el dictamen en el momento en que llegue a la Cámara de de Diputados, en particular con la fracción priísta, principales oponentes –paradójica o lógicamente– con la propuesta impulsada por Manlio Fabio Beltrones y resto de Senadores del PRI.

Otros reproches, que algunas fracciones políticas le endilgan a la Reforma Política, es que se mantendrá a los legisladores plurinominales, diputados y senadores que llegan perdiendo y que suman 232. Tampoco contempla revertir la prohibición para que particulares compren espacios en radio y televisión en etapas electorales. Y, sobre todo, ni por asomo tocaron el tema de la reelección presidencial y la segunda vuelta en elecciones presidenciales. Y la que nadie quiere, desde el Presidente, hasta los alcaldes o el más modesto político de cargo por elección popular: La revocación de mandato.

Poquito para el ciudadano, mucho para el político

En el dictamen de Reforma Política se acordaron por unanimidad la modificación a 16 artículos constitucionales. Algunos de ellos se venden con la promesa de restituirle poder a la ciudadanía y acotársela a los partidos.

En el caso de la reelección de Diputados y Senadores, se propone que ésta sea de manera inmediata, por hasta dos períodos adicionales para los primeros, y uno más para los segundos. La idea es que los ciudadanos “premien” a su legislador al margen de la estructura partidista. Eso sí, no se contempla el “castigo” de quitarlos del cargo.

En cuanto a la Consulta Popular, se modificará el artículo 35 constitucional, que establecía como obligatorio el aval del Congreso para los ciudadanos que solicitaran la consulta, ahora sólo será requisito que el número de ciudadanos que participan en esa petición sea del 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Así, se contempla el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana, donde el gran atractivo para el mexicano de a pie, podrán –presuntamente– presentar propuestas de Ley, petición de cambios en el gobierno, sin estar sujetos a un partido, grupo parlamentario o sector gremial.

Mas como expresó un analista político: “El tiempo ha demostrado que reforma política que no beneficia a los políticos no tiene destino”. Y es el caso.

Aparte de seguir manteniendo su cuota de poder con los legisladores plurinominales, y mantener su poderío con la inexistencia del desafuero o la revocación de mandato, los senadores, aseguran en su dictamen, mantienen iniciativas preferentes para el Presidente, el derecho de vetar leyes por parte del Jefe de la Nación, el veto presupuestal, y un privilegio que se preserva en especial para el Congreso, el control de órganos reguladores como la Cofeco, Cofetel y Comisión Reguladora de Energía.


Pisa callos: Candidaturas independientes

La mejor oferta que incluye este paquete de reforma electoral, es precisamente la de las candidaturas independientes.

Se pretende refrendar el derecho que establece la Carta Magna para todo mexicano, el de votar y ser votado, pero sin que medie un partido político. Es el sueño de muchos, como el del politólogo Jorge Castañeda, quien en su momento llevó hasta la Corte Interamericana de Justicia sus ambiciones presidenciales.

El sueño hecho realidad para muchos es la posibilidad de convertirse de ciudadano común y corriente a Presidente de la República, o mínimo Alcalde o Diputado, con partido o sin partido. Por ello la urgencia de muchos actores para que la Reforma Política se apruebe pero ¡ya!, ante la elección del 2012 donde todos han soltado la apuesta. La figura de candidaturas independientes le daría un giro de 360 grados al escenario actual y el futuro inmediato. Los partidos habrían de reestructurar sus estrategias y los aspirantes valerse de sus más malas artes para no frustrar su camino ganado.

La propuesta de la candidatura independiente la impulsan tanto los senadores del PAN, como PRI y PRD, pero dentro de estas fracciones hay unos más urgidos que otros. El panista Santiago Creel y el perredista Carlos Navarrete piden casi lo imposible: Que la candidatura independiente ya pueda entrar en vigor en la elección del 2012. Evidentemente, la premura del señor Creel es meramente personal, pues al no sentirla tan segura en su partido, ve en esa posibilidad alcanzar su sueño largamente anhelado. Creel apela “a la voluntad política” para que la Reforma Política entre en vigor el próximo año y no hasta el 2015.

Para que ello ocurra en cuanto se emita el dictamen en el Senado debe pasar inmediatamente al Congreso de la Unión y ser aprobada antes del 30 de junio –según establece la Ley–, es decir, dentro de dos meses, cuando, precisamente, tradicionalmente una reforma aún encaminada se lleva de dos a cuatro meses para ser aprobada. En todo ese proceso, la Reforma debe ser aprobada por lo menos en 17 de los 32 Congresos Locales con los que cuenta México. Y ahí es donde la cosa se pondrá “color de hormiga”, a la acostumbrada pereza de nuestros diputados, se agregará la apatía premeditada para una propuesta poco grata.


Con cariño para Peña Nieto

La sensatez y la experiencia advierten que la Reforma Política no pasará, por lo menos no en el futuro inmediato, entiéndase esto como el 2012. Y todo para cuidar los intereses de Enrique Peña Nieto, actual gobernador del Estado de México y el mejor posicionado a la Presidencia de la República.

Cuando el dictamen de la Reforma llegue a la Cámara de Diputados, éstos se encargarán de aplicarle el destajo obligatorio en aras de sus intereses y, sobre todo, los de Peña Nieto, quien tiene de su lado a la mayoría de la fracción priísta. Muy por encima del resto de la bancada y la oposición.

Frente a la ofensiva contra Peña Nieto –Beltrones, Creel, el PAN, etc.– la concertación, los amarres y las mañas tendrán que estar a todo lo que den, para lograr la aprobación pero, sobre todo, la aplicación de la Reforma Política, para el 2015; porque difícilmente en el 2012.

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